Sobre calificaciones en el bachillerato, selectividad y acceso a las universidades públicas

Manuel Herrera Espinera, Catedrático de Matemáticas en Instituto

El acceso a las universidades públicas debe regirse por los principios de objetividad, mérito y capacidad contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y que se trataron de implementar en el Real Decreto 1640/1999 por el que se regula actualmente la prueba de acceso,  que determina la nota final de la prueba  como la media ponderada  del expediente de bachillerato (60%) y de la nota del examen de  selectividad (40%) Es decir, el expediente académico representa el 60% en la nota final de selectividad. Pero este modelo ha sido puesto en cuestión tanto por el gobierno anterior como al parecer también por el actual, aunque desde perspectivas diferentes. Igualmente las universidades, en una reunión de Vicerrectores de alumnos celebrada en junio de este año en Córdoba, solicitaban el diseño de un nuevo modelo que garantizara los principios citados. Habrá que concluir entonces que el modelo actual no garantiza adecuadamente dichos principios. Lo que no se concreta son los motivos, pero se supone que se dispone de datos que los justifican. Información que conviene transmitir a la sociedad para que se entienda la necesidad de la modificación.

A pesar de la discrecionalidad que se pueda introducir por los correctores en asignaturas con cuestiones abiertas y de la dificultad que supone confeccionar unos ejercicios que abarquen adecuadamente el programa de una asignatura, se admite generalmente la objetividad y adecuación del examen a los temarios oficiales, resultando un instrumento relativamente fiable para medir los  conocimientos adquiridos. Esta relativa fiabilidad se trató de mejorar introduciendo el expediente con una ponderación superior a la del examen y disminuir los efectos negativos que un ‘mal día’ pudiera tener en algún estudiante. Pero ocurre que hay demasiados estudiantes con un mal día. Resulta  que las diferencias entre notas de expedientes y de selectividad son amplias para muchos alumnos y que en demasiados casos un buen expediente tiene asociado una nota baja en selectividad.

Las universidades informan con más o menos detalle de los resultados  de las pruebas.   Por lo general, la diferencia entre la media de las notas de los expedientes y la media de las notas de selectividad de los alumnos examinados por  una universidad se sitúa entre 1 y 1,3 puntos. Nuestra selectividad presenta un grado de dificultad más bien bajo, por lo que cabría esperar que esta diferencia fuese menor. Aceptemos sin embargo, como relativamente normal,  una diferencia de un punto. Lo que ocurre es que al analizar esta diferencia no por universidades sino por centros educativos – diferencia entre la media de los expedientes y la media de las notas de selectividad de los alumnos de un mismo centro escolar -, sorprende el diferente comportamiento de los centros. Así, en la convocatoria de junio de 2003 y para la Complutense de Madrid, el 6% de los centros presentaban diferencias inferiores a 0,5 puntos, el 5% de los centros tenían diferencias de 2,5 ó más puntos siendo muy frecuentes diferencias entre 1,5 y 2 puntos. Esta variabilidad no es exclusiva de los centros adscritos a una universidad o distrito universitario concreto, ya que en mayor o menor medida se ha observado en las universidades para las que se ha dispuesto de los datos por centros. Existe sin embargo distinto grado de variabilidad cuando las universidades no pertenecen al mismo distrito. Muy ilustrativas resultan  las distribuciones de la nota del expediente y del examen de los alumnos presentados a selectividad ( ver gráfica de la U.C.M de junio 2003). Hay que resaltar la menor desviación típica y coeficiente de variación de la nota del expediente, y la ‘atracción’ que supone el intervalo de nota 6,5 – 7,5 en las notas de expedientes. La  similitud de la nota del examen con una distribución normal corrobora el supuesto de  objetividad y adecuación de la prueba de selectividad.

Pero dado el comportamiento diferente de los centros, y admitiendo la hipótesis  lógica de que dentro de cada centro el sistema de evaluación de sus alumnos es el mismo, hay que concluir que las notas de los expedientes son generosas al valorar los conocimientos de un número importante de alumnos -especialmente de aquellos que pertenezcan a centros con diferencias significativas-  y rigurosas con otros  (siempre con respecto a una media global) y que tienen como causa más probable la variabilidad de conocimientos impartidos junto a unos criterios de calificación o evaluación diferentes ( que por lo que se ha podido observar, afecta tanto a centros públicos como privados) Estas diferencias en los centros habían sido previstas en el Real Decreto 1640/1999, que en su Artículo 15.1 contempla la posibilidad de que existan diferencias importantes entre expedientes y notas de selectividad: ‘ una vez finalizado el proceso de pruebas, cuando se observe una significativa desviación entre las medias de las calificaciones de los expedientes académicos de los alumnos y las calificaciones otorgadas por un tribunal, la comisión organizadora elevará un informe a la Administración educativa, a quién corresponderá adoptar las medidas oportunas, entre las que, en todo caso, se incluirá la verificación y el seguimiento por los órganos de control correspondientes, de los procedimientos y criterios de evaluación aplicados por los centros en los que se haya producido desviación’.

Pero las consecuencias de esta variabilidad de comportamientos son importantes. Finalizados los exámenes de selectividad se obtienen, en función de la demanda y la oferta de plazas, las denominadas notas de corte para cada titulación y universidad concreta. La selectividad, por tanto, no sólo determina la aptitud de los estudiantes sino que también los ordena para cubrir las plazas ofertadas. Y mientras persista una importante variabilidad de evaluaciones, premiar el expediente académico implica no ordenar adecuadamente a los alumnos y puede conllevar que alumnos perjudicados por dicha ordenación sean admitidos en estudios que no eligieron  preferentemente ( para este curso, en el distrito de Madrid, el 31% de los alumnos no ha podido cursar la primera opción) o tengan que realizar un importante esfuerzo económico para estudiar en una universidad privada.

Un ejemplo real correspondientes a junio de 2004:   dos centros con alto porcentaje de aprobados en selectividad; en el primero la media de los expedientes de sus alumnos fue de 6,77, la media de los exámenes de selectividad de 6,48 y la media de las notas finales de 6,65; en el segundo centro las mismas medias han sido 7,37, 5,12, y 6,74 respectivamente. Curiosamente un estudiante del primer centro, con 7,5 de nota de expediente y 7,85 de nota de selectividad - 7,64 de nota final de acceso- no puede estudiar arquitectura  en la Universidad Politécnica de Madrid como solicitó ( la nota mínima es 7,76) aunque ha obtenido una media de 8,43 en las asignaturas relacionadas específicamente con dicha titulación (Física, Matemáticas II y Dibujo Técnico) y a pesar de que su nota en el examen es superior a las notas del 94% de los alumnos examinados por la U.C.M. Este estudiante, con nota de selectividad parecida al expediente (el centro se caracteriza todos los años por el hecho de que las medias de selectividad y de los expedientes de sus alumnos son parecidas) no puede ni tan siquiera alegar que su nota en el examen ha sido superior a la nota de corte. Conclusión: al no existir homogeneidad de criterios de evaluación resultan privilegiados los alumnos de los centros, que por las razones que sean, califican por encima de lo que sería correcto.

La existencia de diferentes criterios de evaluación- que tiene múltiples causas, unas comunes a todos los centros  y otras diferentes según sean centros públicos o privados- sería motivo  para dudar de la bondad de un sistema de acceso que prima el expediente académico sin tener en cuenta esa variabilidad (y en mayor medida desde la implantación del distrito abierto; en Madrid el 23% de los estudiantes universitarios proceden de otras provincias). Los controles sobre los criterios de evaluación aplicados por un centro escolar que haya presentado una diferencia significativa son necesarios y puede tener efectos correctores el curso siguiente, pero no pueden recalcularse las notas finales de los alumnos pertenecientes a centros en los que a posteriori se demuestre que se haya evaluado mal. Sin llegar a este extremo, y sea cual sea la ponderación que finalmente se otorgue al expediente, existen soluciones   que tienen en cuenta las diferencias que generan los centros con sus diferentes evaluaciones. A modo de ejemplo, bastaría una pequeña modificación en las notas finales que se obtienen con el modelo actual para lograr una  ligera corrección y mejorar la ordenación: llamando D al valor absoluto de la diferencia entre nota de expediente (NE) y de selectividad (NS), bastaría añadir el factor de corrección  k*(NS - NE)*D ( k es un parámetro, por ejemplo 0,06) para que se penalizara de alguna manera la diferencia significativa positiva de cada alumno (las diferencias negativas son poco frecuentes y de escasa magnitud). Puede pensarse que bastaría reducir la ponderación del expediente y aumentar la correspondiente a la nota de selectividad para realizar una mejor ordenación, y es cierto, pero  no  penalizaría las diferencias significativas. Si jurídicamente es posible una solución de este tipo (cada estudiante tendría una corrección diferente), su implantación ayudaría a desincentivar la calificación generosa.

La propuesta anterior  requiere evidentemente de la objetividad, adecuación y homogeneidad del examen de selectividad. Es necesario mantener estas características así como tomar las medidas oportunas para eliminar las causas que generan la heterogeneidad de las evaluaciones. Sin lugar a duda sería deseable que  todos los centros de enseñanza se comporten adecuada y homogéneamente respecto al nivel de conocimientos impartidos y sistemas de evaluación aplicados. Pero si esto no ocurriese como parece inevitable pese a los esfuerzos que se hagan y si  se quiere dar un peso importante al expediente académico, es preciso diseñar un modelo  que prevea las inevitables desviaciones y  transmitir a la sociedad el mensaje de que el mérito y la capacidad son los únicos parámetros válidos que evitan discriminaciones y que el prestigio de un centro escolar  y el éxito de un alumno se basa más en las capacidades y conocimientos reales que en los porcentajes de aprobados o en las calificaciones de los expedientes.

Junio de 2003