“Los Departamentos de Coordinación Didáctica

y su marco jurídico antes, en y después

de la LOCE, una Ley que los revitaliza”

Isidro Cabello Hernandorena

 

 

Introducción

 

            La relación entre las leyes y la realidad social constituye un debate de fondo que se mantiene vivo por encima de las barreras del tiempo o de los regímenes políticos. El debate presenta diversos frentes, como, por ejemplo, si las leyes deben adecuarse puntualmente a la realidad social o deben avanzarse a ella o, más bien, deben caminar unos pasos por detrás de la misma. Otro frente, no menos importante, es el de la capacidad de las leyes para modificar la realidad, frente que, nadie lo duda, resulta de primera aplicación al campo que fundamentalmente se abordará en esta conferencia, que es el tratamiento que de los Departamentos de Coordinación Didáctica hacen las leyes y los reglamentos educativos y, en especial, la Ley de Calidad.

            En efecto, los Departamentos de Coordinación Didáctica cobran una importancia inusitada en la LEY 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, a la que, en adelante, nos referiremos, indistintamente, como LOCE o como Ley de Calidad.

La LOCE es la primera Ley educativa española que, con cierta amplitud, establece y, en parte, regula los Departamentos de Coordinación Didáctica.

Este tratamiento con rango de Ley a la figura de los Departamentos implica -no parece que nadie pueda dudarlo-, una voluntad del legislador de reconocer y de potenciar la función de los mismos en la organización y el funcionamiento de los centros de educación secundaria. Y son esta voluntad y esta realidad legislativa nueva las que nos llevan a las preguntas permanentes sobre la capacidad de las leyes, por un lado, para reflejar la realidad –la educativa, en este caso-, y, por otro lado, para modificar esa realidad en la dirección pretendida por la Ley. Las respuestas a estas preguntas no las puede, o, mejor dicho, no las debe dar solamente una conferencia, sino que debe proceder de múltiples enfoques de análisis de la realidad educativa pasada, presente y venidera, como, sin ir más lejos, se está intentando a lo largo de este curso en Segovia. No obstante esta multiplicidad de enfoques de los análisis, también esta conferencia tratará de aportar alguna luz a estas preguntas de clara raigambre jurídica y normativa.

            El tema, pues, de esta intervención es la descripción y análisis del marco jurídico de los Departamentos de Coordinación Didáctica con anterioridad a la LOCE, en ella y, solamente como abriendo boca, después de ella.

            El enunciado del tema nos trae, además, la estructura de esta intervención, que, por tanto, constará de tres partes y una breve conclusión. Las tres partes se centrarán, respectivamente, la primera en la normativa sobre Seminarios y Departamentos Didácticos anterior a la LOCE; la segunda, en los artículos, apartados y disposiciones de la Ley de Calidad que los abordan; y, la tercera, en las previsiones de desarrollo normativo que están en marcha y que cabe esperar en un próximo futuro, a cargo de las distintas Administraciones educativas.


De alguna manera, estos apartados recogen lo fundamental del organigrama histórico que están viendo en la pantalla:

 

 


 


1. La normativa sobre Seminarios y Departamentos Didácticos anterior a la LOCE

 

            La norma madre e inspiradora de los Seminarios o Departamentos Didácticos fue la renovadora LEY 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, publicada en el BOE del 6 de agosto de 1970, y conocida como Ley General de Educación (LGE). Esta Ley no aborda expresamente los Departamentos o Seminarios, pero ya introduce algunos conceptos que dan pie a su configuración. Así, por ejemplo, el artículo ciento once, uno, establece:

Tercero. La orientación del trabajo en las áreas educativas y su coordinación con los demás catedráticos y profesores, a fin de lograr una acción armónica del centro en su labor formativa

Un paso más explícito hacia los Seminarios lo dará dos años más tarde, sin embargo, la ORDEN de 21 de agosto de 1972 por la que se dictan normas sobre la organización del curso escolar 1972-73 en los Centros oficiales de Bachillerato (BOE de 26.8.1972), firmada por el ministro Villar Palasí. En efecto, en esta Orden, el nacimiento normativo de los Seminarios didácticos se produce explícitamente en IV. Organización de los seminarios didácticos, y lo hace de la siguiente manera:

1. En todos los Centros se podrán organizar seminarios didácticos por asignaturas.

2. Los Jefes de seminario de cada materia o de varias materias afines, [...] se hacen responsables del desarrollo de la asignatura o asignaturas del seminario en todo lo referente a objetivos, contenidos y métodos.

El Jefe del Seminario será un Catedrático y, en su defecto, un agregado.

Corresponde al Director del Centro su designación.

3. Para el mejor cumplimiento de los objetivos de los seminarios didácticos, el Jefe de cada uno de ellos convocará a los componentes del mismo a una reunión preparatoria del curso.

4. El Jefe del seminario responderá de que cada trimestre se elabore un balance de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos y de que se estudien y establezcan medidas de corrección que resultaren necesarias.  [...]

Como puede verse, esta normativa por la que nacen los Seminarios didácticos en nuestra realidad legal educativa –todavía como posibilidad, no como obligación-, con este nombre de seminarios en concreto, presenta aspectos de organización educativa muy modernos y adaptables al momento presente.

La normativa de 1972 venía, por un lado, a dar salida a la creciente complejidad de la realidad de los centros de secundaria y, por otro, a ofrecer un marco organizativo que, bien aplicado, redundaría en beneficio de la enseñanza. Esta estructura organizativa, que, como se ha dicho, en la Orden se propone como posibilidad y no como obligación, fue pronto recogida por los centros de secundaria y en pocos años estaba totalmente generalizada.

Cuestión bien diferente sería la de la efectividad de estos nuevos órganos colegiados, pues no siempre –y adelantamos una valoración- consiguieron que sus componentes y sus responsables –muchas veces catedráticos y agregados, y muchas veces PNNs- realizaran las tareas encomendadas y se responsabilizaran de ellas, y con ello se abrió desde el principio una profunda brecha en la solidez de la defensa de estos órganos de coordinación.

            Un paso más efectivo en la consolidación y regulación normativa de los Seminarios didácticos se dio con la publicación, muy poco después, a finales de septiembre del mismo año, de la RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 1972 por la que se aprueban las normas reguladoras del funcionamiento de los seminarios didácticos en los Centros de Bachillerato Las Normas reguladoras se publican en formato de anexo y constituyen, a mi parecer, un ejemplar tratado de organización didáctica, que, partiendo de la parca normativa existente –la citada Orden ministerial de 21 de agosto-, la interpreta con valentía, aporta las razones para establecer los seminarios didácticos, y determina las tareas y actividades, las reuniones, la jefatura de los mismos y la acción sobre ellos de la Inspección de Enseñanza Media. En cualquier caso, para nuestra historia mental de los seminarios didácticos habrá que hacer un primer hueco especial al año 1972.

            La Resolución, que consta de diez normas, merece entera una lectura atenta. A continuación recogeremos literalmente algunos de sus contenidos, mientras que otros, por razones de brevedad, los extractaremos.

            La primera de esas diez normas comenta que se considera “altamente conveniente” el establecimiento de los Seminarios en todas las asignaturas, aunque no sea obligatoria, “con vistas al perfeccionamiento de la función docente y educativa”. En la misma línea de contenido, la norma tercera justifica más razonada y contundentemente su establecimiento, con expresiones que nos harán pensar a todos nosotros:

“Tercera. La creación de los seminarios didácticos responde a la urgente necesidad de que los Profesores tiendan cada vez más a trabajar en equipo, a ayudarse mutuamente en todas sus dificultades, a comunicarse sus experiencias, tanto positivas como negativas, y a tomar acuerdos colectivos de actuación conjunta a tenor de las condiciones cambiantes de su actividad educativa”.

La quinta norma regula la reunión preparatoria del seminario para redactar la programación general del curso por trimestres, con objetivos de aspectos instructivos y también formativos.

La séptima fija, además de cuantas sean necesarias, una reunión trimestral para hacer balance de los resultados y adoptar medidas correctivas.

La octava señala una reunión de final de curso, como balance final y estudio de las reformas necesarias para el curso siguiente. mientras que la norma décima dice que la Inspección elaborará un informe anual sobre la marcha de los seminarios didácticos.

Se ha dejado para el final del análisis la norma cuarta, la más extensa, detallada y compleja, la que más ideas puede aportar también hoy día sobre las tareas y actividades de los Departamentos, ya que establece, entre otras posibles, las siguientes tareas nacidas, dice, de “la realidad y del espíritu de iniciativa de los Profesores”:

a)     Fijar para cada curso los objetivos concretos que deben ser alcanzados por Profesores y alumnos

b)     Estudiar y determinar con tiempo las pruebas y tipos de ejercicios y actividades para detectar el grado de alcance de los objetivos previstos, tanto en instrucción como en aspectos cualitativos, utilizando para ello “los más variados instrumentos de comprobación”.

c)      ) Determinar de antemano los criterios de calificación de pruebas y ejercicios para evitar la disparidad en la formulación de las cuestiones según los distintos profesores”.

d)     Conveniencia de que los ejercicios sean a veces corregidos y calificados por otro Profesor, “como elemento corrector del juicio unipersonal”.

e)     Análisis conjunto de los resultados de las pruebas para detectar y corregir errores.

f)        Retocar la cantidad, calidad y nivel de los contenidos generales de los cuestionarios.

g)     Estudiar y programar las actividades prácticas más adecuadas a los distintos tipos de alumnos y a las materias

h)      Seleccionar los instrumentos y medios didácticos, incluidos los audiovisuales, por ser más útiles para los alumnos.

i)        Adoptar procedimientos y técnicas comunes para la observación directa de los alumnos y de sus actitudes, tanto durante las clases como en los ejercicios y actividades complementarias

j)        Analizar los resultados ya desde los comienzos de curso, a fin de introducir cuantas modificaciones se estimen convenientes. A este fin convendrá tener presente que, más que los resultados en sí, lo que principalmente interesa es descubrir los caminos por los que los alumnos han llegado a ellos y las causas y los determinantes de los aciertos y los errores con vistas a actuar conscientemente sobre ellos, atacando directamente las causas

k)      Preparar en común los datos y los criterios que han de ser expuestos por el Profesor correspondiente en las sesiones de evaluación, de forma que la actitud de aquél resulte en algún modo coincidente y respaldada por todo el seminario

l)        Concordar la marcha del curso en cada uno de los grupos del mismo, a fin de que avancen acompasadamente los distintos Profesores en el desarrollo del programa de la materia

ll)       Determinar causas de posibles distintos niveles de formación e instrucción.

Fue con estas normas con las que arrancaron legalmente los primeros seminarios, que, como se ha dicho anteriormente, pronto arraigaron en los centros de BUP y COU, especialmente en los públicos. El diseño parece responder a la necesidad de trabajo en equipo en un momento de crecimiento de los institutos, con vistas a garantizar coherencia y homogeneidad entre los distintos miembros del seminario, sin excluir entre sus fines lo que en los años noventa se daría en llamar “tratamiento de la diversidad”. Ese diseño parece mirar hacia el futuro, hacia una mayor complejidad y hacia una mayor modernidad de los estilos de gestión. De todos modos, a la vista de toda la normativa anterior, cabe preguntarse cuántos profesores y, especialmente, cuántos jefes de seminario leyeron en su día estas normas, que les hubieran proporcionado una buena pauta de actuación y comportamiento. ¿Quién no recuerda a jefes de seminario que no sabían apenas qué hacer? De ahí también la importancia de la profesionalización de los jefes de departamento, que deberían conocer a fondo lo mejor de lo que hay escrito sobre normativa y sobre modelos de funcionamiento de sus departamentos.

En 1975 el Ministerio de Educación publicó la ORDEN de 30 de noviembre de 1975, por el que se establece el Reglamento Provisional de los centros de Formación Profesional (BOE de 20.12.1975), que establece y regula las Divisiones de ramas y los Departamentos de Materias (Humanidades, Ciencias y Tecnología), además del Departamento de Prácticas y los Departamentos Generales, con lo que se inicia la existencia de Departamentos en la FP.

En 1977 se publica el influyente REAL DECRETO 264/1977, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos Nacionales de Bachillerato (BOE de 28.2.1977), primer desarrollo organizativo de los Institutos tras la LGE, y que en su artículo 22. 1 establece: “En los Institutos Nacionales de Bachillerato se constituirá un Seminario Didáctico por cada una de las asignaturas [...]”[1], con lo que los Seminarios pasan de ser opcionales a obligatorios y se obtiene la primera relación de los mismos. El 22.2 aporta una bella definición del Seminario, que sigue siendo válida:

El Seminario Didáctico es la célula natural de integración del Profesorado en la vida del Centro y el cauce normal de participación del Profesorado en la organización docente, así como el medio permanente para asegurar su perfeccionamiento científico y pedagógico”.

El 22.3 establece que la Jefatura del Seminario la desempeñará un Catedrático; en su defecto, un Profesor agregado, y, de faltar ambos, un profesor interino.

Las Circulares con instrucciones de inicio de curso mantendrán con ligeros cambios el contenido de la Resolución de 18 de septiembre de 1972.

Por lo que respecta a la enseñanza privada, cabe citar que pronto tuvo Seminarios didácticos, obligatorios, pues la ORDEN de 12 de abril de 1975 sobre la clasificación de Centros no estatales de Bachillerato (BOE de 18.4.1975) que, en sexto 1ª y 2ª, entre las condiciones para la clasificación definitiva como Centro homologado, establece:

1ª La organización de Seminarios didácticos por materias. De ellos formarán parte todos los profesores que en cualquiera de los cursos o grupos desempeñen función docente de una misma materia. Uno de los Profesores asumirá las funciones de Jefe de Seminario.

Las mismas ideas quedan recogidas en la ORDEN de 8 de mayo de 1978.

La realidad del país vivía profundos cambios a mediados de los setenta, cambios que también afectarían a la educación y que se iban fraguando en el interior de los centros de secundaria. En cierto modo, las leyes iban por detrás de las realidades. Sin embargo, la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978, es inicio, garantía y símbolo de la nueva democracia. No se puede esperar que una norma legal de tanto vuelo se ocupe de los seminarios didácticos; sin embargo, introduce algunos derechos que afectan directamente a la vida departamental. Así, el artículo 20.1, que establece que “se reconocen y protegen los derechos”, en su apartado c) fija el derecho “a la libertad de cátedra”, cuya interpretación, en uno de sus significados, ha dado pie a múltiples quebraderos de cabeza en el seno de los seminarios, al plantearse como enfrentados ese derecho y la conveniencia de armonizar contenidos, objetivos y métodos. También el conocido artículo 27, dedicado a la educación, recoge aspectos de interés para los seminarios, aunque sea con referencias muy generales. Por ejemplo, el 27.2 dice:

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Este apartado transmite, pues, a los seminarios una directriz muy clara sobre el objeto de la educación y sobre el respeto a derechos y libertades.

La Constitución presenta, además, un artículo que sirve para calibrar la importancia que concede a la Educación, y, así, el artículo 81.1 establece que “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas [...]”. Pues bien, como todos sabemos, todas las leyes de educación posteriores a la Constitución han sido orgánicas.

También se ven los seminarios afectados por lo establecido por la Constitución en su artículo 103, especialmente en su apartado 2: “La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad [...]”. De esas regulaciones dependerán muchos derechos y muchas atribuciones de los departamentos didácticos y de sus jefes.

Ligado a lo anterior, el artículo 149.1.18ª establece como competencia exclusiva del Estado:

Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización de las Comunidades Autónomas; [...] y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas”.

Finalmente, la Constitución tiene otro artículo de suma importancia para la educación, como es el 149.1. 30ª, donde se establece como competencia exclusiva del Estado:

Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución [...]”

            Este precepto comporta que el Estado establecerá la normativa básica, y en ella también podría incluirse la referida a aspectos que quien gobierne el Estado considere en su momento fundamentales en la organización de los centros docentes, mientras que a las Comunidades Autónomas con competencias de educación  transferidas les corresponderá el desarrollo y adaptación de dicha normativa básica a su realidad social. De hecho, un año después que la Constitución se aprueban los Estatutos de Autonomía de las dos primeras comunidades con competencia transferida, Cataluña y el País Vasco, y en sus respectivos textos, ambos Leyes Orgánicas –como lo serán más adelantes los demás Estatutos de Autonomía-, encontramos que, en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Cataluña[2], se reconocen la competencia plena de la Generalidad en la enseñanza y las competencias del Estado, e, igualmente, en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco[3].

Las demás Comunidades Autónomas incorporarán a sus respectivos Estatutos de Autonomía redactados muy parecidos a los anteriores, con lo que quedan fijadas las competencias en educación que tienen el Estado. De todos modos, la delimitación de las competencias que corresponden a una y otras Administraciones no ha sido tarea pacífica y ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que en sucesivas Sentencias sobre diferentes recursos de inconstitucionalidad ha ido perfilando el alcance de las competencias de cada tipo de Administración. Los recursos se interpusieron contra los apartados de Leyes Orgánicas que concretaban las competencias educativas estatales, como la disposición adicional[4] dos de la LOECE o la disposición adicional primera 2[5] de la LODE.

            Durante muchos años la Administración del Estado no realizó ninguna normativa superior nueva sobre los seminarios didácticos, por lo que, en la práctica, se continuó con la normativa del período anterior. La primera norma educativa nueva con rango de ley tras la Constitución fue la LEY ORGÁNICA 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (BOE de 27.6.1980), conocida como LOECE. Esta Ley, que no deroga lo establecido por la LGE sobre seminarios, se limitó a establecer, en su artículo 29, que

De acuerdo con las características de cada nivel educativo, podrán existir unos consejos de profesores en cada curso, así como seminarios o departamentos didácticos por materias, áreas o ciclos en la forma que reglamentariamente se determine”.

Dentro de la brevedad de tan escueta referencia a nuestro asunto, cabe destacar la introducción como expresiones sinónimas las de “seminarios o departamentos didácticos”, en lo que se anuncia como posterior cambio en la denominación del órgano.

            La LOECE fue totalmente derogada por la LODE[6], que, por su parte, solamente regula los órganos de gobierno, unipersonales y colegiados y no dedica ni una palabra a los seminarios o departamentos didácticos. Como resultado de la LODE, se publica la ORDEN de 9 de junio de 1989, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los centros docentes de educación preescolar, general básica, bachillerato y formación profesional sostenidos con fondos públicos y dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 13.6.1989).

En su relación de Seminarios de Bachillerato figuran los mismos que en el Real Decreto 264/1977, con la excepción de Francés y Formación Política, Social y Económica, pero dando la posibilidad de Seminarios de las lenguas propias de Cataluña, Galicia, Valencia, Islas Baleares y Navarra. Por lo que respecta a la FP, se establecen las mismas Divisiones y Departamentos de Materia que los citados del Decreto 798/1975. Se fijan, asimismo, con amplitud las funciones, tareas y organización.

Más tarde, ni la LOGSE[7], que unifica los Institutos de Bachillerato y de Formación Profesional,  ni la LOPEGCD[8] aportan nada a los departamentos didácticos, pero tampoco derogan lo existente. La LOPEGCD cita, de refilón, los departamentos didácticos cuando, en el artículo 32, de formación del profesorado, en su apartado 3 establece: “Los programas de formación permanente deberán contemplar, asimismo, la formación específica del profesorado, relacionada con la organización y dirección de los centros, la coordinación didáctica y el asesoramiento [...]”.

En 1993, sin embargo, fruto de la LOGSE, el Ministerio de Educación publicó, el Real Decreto 929/1993[9], de 18 de junio (BOE de 13.7.1993), con el Reglamento Orgánico que regula en detalle nuestro ámbito. Así, el artículo 75 B) enumera los Departamentos de los IES: Artes Plásticas, Ciencias Naturales, Educación Física y Deportiva, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e Historia, Griego, Inglés, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Música y Tecnología. Presenta, además, la posibilidad de departamentos de otras lenguas extranjeras, de lenguas propias de las CCAA y “cuantos reglamentariamente se establezcan”. Asimismo, dice, “en los institutos en los que se imparta Formación Profesional específica, se constituirán departamentos de familia profesional. Éstos agruparán a todos los profesores que impartan Formación Profesional específica en ciclos formativos de una misma familia profesional”.[10] Varios artículos más adelante –este ROIES del 93 da preferencia en el tratamiento al departamento de orientación (artículos 76-79) y al de actividades complementarias y extraescolares (80-83)-, en los artículos 84-89 se regulan con detalle el concepto y composición de departamento didáctico, las competencias del mismo y, añadidas, las competencias específicas de los departamentos de familia profesional, quién detenta su jefatura, las competencias del jefe y su cese. Cabe señalar que el artículo siguiente, el 90, está dedicado a la Comisión Pedagógica, creada por este Real Decreto, en la que participan todos los jefes de departamento, presidida por el Director. Poco después el MEC publica la ORDEN de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria (BOE de 5.7.1994), que deroga la Orden de 1989, y que confirma y desarrolla al Real Decreto 929/1993.

Muy parecido al anterior resultó el REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE de 21.2.1996), fruto a su vez de la LOPEGCD, de 1995, que afecta a los IES del territorio MEC, pero que es norma subsidiaria para las CCAA que no tengan Reglamento propio. El nuevo Real Decreto, que todavía sigue vigente y que, por tanto, sigue siendo la referencia normativa más inmediata, derogaba por completo al anterior RD, aunque, en realidad las razones de este nuevo ROIES se debieran más bien a los cambios en el modelo de dirección y de órganos de gobierno, por lo que el contenido de las normas dedicadas a la coordinación docente y didáctica son coincidentes. Así, el artículo 40 b) establece exactamente los mismos departamentos que la norma anterior[11]. Más adelante, entre los artículos 48 y 52, enumera, al igual que el Real Decreto 929/1993, el concepto y la composición de departamento didáctico, las competencias del mismo y, añadidas, las competencias específicas de los departamentos de familia profesional, quién detenta su jefatura, las competencias del jefe y su cese. En este caso, la duración del nombramiento para la jefatura de Departamento pasa de tres cursos (artículo 80 del RD 929/1993) a cuatro cursos (artículo 50), coincidiendo con el alargamiento en la duración en el cargo de director. Este Real Decreto fue pronto desarrollado por la ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que se modifican las órdenes de 20 de abril de 1994

Tanto el MEC, para lo que durante largo tiempo se denominó “territorio MEC”, como las Comunidades Autónomas con competencias de educación transferidas, fueron estableciendo, con ritmos y tiempos diferentes,  normas que regulaban el Reglamento Orgánico de los IES. En estas normas los departamentos didácticos constaban de un apartado específico y su reglamentación resultaba pormenorizada, si bien, las posteriores Circulares de comienzo de curso solían concretar, todavía más, algunos aspectos.

No es momento de comentar en detalle las diferentes normativas autonómicas sobre el tema que tratamos, aunque probablemente merece un estudio específico y documentado. Podría agruparse esta normativa en dos bloques: la que procede de CCAA con competencias transferidas antes de 1999, y la que procede de CCAA con competencias posteriores a 1999. Entre las primeras, y a guisa de ejemplo, diré que, en Cataluña, los departamentos didácticos quedan regulados, primero, por el DECRETO 278/1985, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento específico y provisional de los institutos de educación secundaria (DOGC de 18.10.1985), que establecía solamente cinco Departamentos[12] y un jefe de Departamento nombrado por la Administración a propuesta del Director, y por el DECRETO 199/1996, de 12 de junio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los centros docentes públicos que imparten educación secundaria y formación profesional de grado superior (DOGC de 14.6.1996). Como rasgo distintivo cabe señalar que este último establece (artículo 44), como mínimo, cuatro departamentos (44.1) y, como máximo, diez, si bien admite la creación de seminarios dentro de aquéllos por razones de complejidad (44.2)[13]. Asimismo, establece que los IES que imparten formación profesional específica dispondrán además de un departamento por familia profesional (44.4). En esta Comunidad se han potenciado, en este Decreto y en posteriores Resoluciones de inicio de curso, diferentes órganos unipersonales de coordinación. En conjunto, el peso organizativo de los Departamentos Didácticos ha disminuido, si bien, en la práctica, su importancia sigue siendo alta, especialmente en los institutos con mucha historia.

Otras normativas anteriores a 1999 son las del País Vasco, que sigue camino diferente, tras la aprobación de la LEY 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca  (BOPV de 25.2.1993), que concede amplia autonomía a los centros para elaborar su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento. En todo caso, en el País Vasco se están desarrollando fórmulas nuevas de Departamento, especialmente en centros de FP, que pueden resultar iluminadoras por su carácter de implicación, cooperación, corresponsabilidad y relación con la sociedad civil.

En otras CCAA encontramos lo siguiente:

En Galicia, DECRETO 324/1996, complementado por la ORDEN de 1 de agosto de 1997.

En Andalucía[14], el DECRETO 200/1997, de 3 de septiembre, que da preferencia a los Departamentos de Orientación y de Actividades Complementarias y Extraescolares.

En Canarias, son varios los Decretos que establecen o modifican los ROIES. Así, el DECRETO130/1995, de 11 de mayo. Más adelante, el DECRETO 129/1998, de 6 de agosto. Posteriormente, el DECRETO 175/2000, de 6 de septiembre.

En Valencia[15], el DECRETO 234/1997.

En Navarra, el DECRETO FORAL 25/1997 de 10 de febrero. Posteriormente, la ORDEN FORAL 258/1998, de 16 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento Orgánico de lo Institutos de Educación Secundaria (B.O.N. de 28.8.1998), aborda los departamentos didácticos en su Título II (“Órganos de Coordinación Didáctica”) y, más específicamente, en el Capítulo I del mismo (artículos 15-18).

Posteriores a 1999, a cargo de CCAA que habían dependido del “territorio MEC”, ha habido varias. Así, en las Islas Baleares[16], el DECRETO 120/2002, de 27 de septiembre, por el cual se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

 En Castilla y León, el DECRETO 86/2002, de 4 de julio.

En Asturias[17], el DECRETO 63/2001, de 5 de julio.

En Madrid, donde se aplica el RD 83/1996, se publica la ORDEN 5559/2000, de 17 de octubre.

 En iguales circunstancias, la Comunidad de Castilla-La Mancha publica la ORDEN de 08-04-2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establece el Reglamento provisional de la Educación Secundaria Obligatoria (DOCM de 8.5.2002) y en ella reduce a cinco los Departamentos: Socio-Lingüístico, de Lenguas Extranjeras, de Ciencias, de Música y Educación Física, y de Plástica y Tecnología.

En Aragón se publicó la ORDEN de 16 de agosto de 2000. Poco después, la ORDEN de 22 de agosto de 2002.

En Extremadura, que sigue aplicando el RD 83/1996, se publicó la ORDEN de 2 de julio de 2002.

A la vista de todo lo anterior, cabe constatar que la labor de los seminarios o departamentos didácticos no era considerada sustantiva por los diferentes legisladores estatales y autonómicos, y por ello se dejaba toda su regulación en los diferentes Reglamentos Orgánicos.

            No es una casualidad ni un descuido el que la LODE y la LOPEGCD, al igual que la LOGSE, no regulen con rango de Ley los departamentos didácticos. Por el contrario, parece una decisión consciente de no dar relevancia a un órgano que presupone la especialidad de los profesores y la coordinación vertical de los mismos. La apuesta de esas leyes y, especialmente, de sus ideólogos y aplicadores en las Comunidades Autónomas y en los centros docentes, iba por el profesorado generalista y por la coordinación horizontal, de curso, de ciclo y de etapa, de corte, además, asambleario. Los centros educativos se han llenado de coordinadores de todo tipo y ha quedado en sordina la acción de los Departamentos Didácticos. Éstos, sin embargo, resultaban ser la coordinación “natural” del profesorado, el trabajo conjunto del profesor con los de su especialidad, la coordinación estable y supranual de todo profesor en un instituto o colegio de secundaria, a diferencia de las otras, más coyunturales e inestables.

Como resumen de este primer apartado nos podríamos quedar con estas ideas:

  1. Los Seminarios didácticos se crean por una Orden y una Resolución de 1972, que son desarrollos de la LGE de 1970.
  2. Se establecen de forma generalizada y su regulación se va modificando y completando con sucesivos Reales Decretos y Órdenes de aplicación, primero, en toda España y, más adelante, en el llamado “territorio MEC”.
  3. Los Departamentos de los institutos de secundaria y los de los Institutos de Formación Profesional, que tenían normativa específica, se unifican tras la LOGSE, coincidiendo con la unificación del profesorado.
  4. Tras la Constitución de 1978, las Comunidades Autónomas con competencias educativas transferidas van regulando los Departamentos Didácticos con Decretos propios.
  5. Las sucesivas Leyes Orgánicas de Educación no dedican una atención sustantiva a los Seminarios o Departamentos Didácticos.
  6. A cambio, diversos Reglamentos Orgánicos regulan en detalle la organización y el funcionamiento de los órganos de coordinación y, dentro de ellos, los Departamentos Didácticos.

 

2. La Ley de Calidad y los Departamentos de Coordinación Didáctica

 

La Ley de Calidad apuesta fuerte por los Departamentos de Coordinación Didáctica. Esta apuesta es una opción ideológica axial del legislador sobre su concepción de la participación del profesorado en la gestión pedagógica del centro docente. La LOCE que, aparentemente, ha restado protagonismo a la acción del profesorado al retirar el carácter de “órganos de gobierno” al Consejo Escolar y al Claustro de Profesores y centrarlo en los órganos unipersonales del equipo directivo, devuelve con creces ese protagonismo al profesorado por dos vías; la primera, por sus funciones más destacadas en el Consejo Escolar y, sobre todo, en el Claustro de Profesores, como órganos de participación en el control y gestión[18]; y, la segunda, que es la que nos interesa más en este acto, por la prestancia que concede a los órganos de coordinación docente, concebidos como núcleos dinamizadores de los centros docentes, en los que el profesorado podrá desplegar toda su potencialidad profesional sobre su materia de especialidad, su enfoque pedagógico y didáctico y su vertiente formativa, sin que ello sea óbice para la coordinación con los otros departamentos didácticos y la acción en los otros órganos de coordinación pedagógica y cultural del centro.

            La atención a los órganos de coordinación didáctica en la LOCE se concreta en múltiples pasajes de la misma y no meramente en el central artículo 85. Se encuentra todo un amplio corpus conceptual sobre los departamentos, si se aplica una labor de siega en algunos artículos y disposiciones y también una paciente actividad de espigueo a lo largo de la Ley de Calidad.

El artículo 85, está encuadrado en el marco general del TÍTULO IV. De la función docente. Dentro del mismo, se encuentra ubicado en su CAPÍTULO V. De los órganos de gobierno, órganos de participación en el control y gestión y órganos de coordinación de los centros docentes públicos. Esta ubicación es significativa pues, a diferencia de la ordenación de las leyes orgánicas anteriores, por un lado se diferencia explícita y tajantemente entre órganos de gobierno, órganos de participación y órganos de coordinación, pero, además, por otro, se los coloca en un mismo capítulo y bajo un mismo enunciado, dando a entender que son los tres pilares que sostienen, cada cual en el ámbito de sus competencias, la gestión del centro docente. Finalmente, queda señalar que el artículo 85 constituye toda la Sección 4ª del citado capítulo V, dedicada a Órganos de Coordinación, de los que solamente desarrolla los de coordinación didáctica, lo cual resulta muy ilustrativo del valor que el legislador les concede. Al mismo tiempo, sin embargo, cabe añadir que, desde el punto de vista jurídico, este Título IV no tiene el carácter de orgánico, según lo establecido por la disposición final décima de la propia Ley.

El apartado 1 del artículo 85 establece la obligatoriedad de los Departamentos de Coordinación Didáctica, sus funciones generales y su composición:

1. En los Institutos de Educación Secundaria existirán departamentos de coordinación didáctica, que se encargarán de la organización y desarrollo de las enseñanzas propias de las asignaturas o módulos que se les encomienden. Cada departamento de coordinación didáctica estará constituido por los profesores de las especialidades que impartan las enseñanzas de las asignaturas o módulos asignados al mismo.

En esta regulación se constata que la denominación específica y oficial de estos órganos es la de “departamentos de coordinación didáctica”, una denominación nueva, de sentido completo y expresión diferenciadora. Se establecen, en principio, para los IES, sin que se diga nada expresamente sobre los centros concertados. Las funciones van ligadas a la organización y al desarrollo de las enseñanzas de las asignaturas o módulos que se les encomienden, lo que indica, por un lado, que queda por desarrollar el número y contenido de los Departamentos, y, por otro, que en su concepto acogen tanto a profesorado de ESO y Bachillerato como de Formación Profesional. Por otra parte, cabe recalcar que en este nivel, en concordancia con lo establecido por la misma Ley para la nueva ESO, no se habla de áreas sino de asignaturas o, en el caso de los centros con Formación Profesional, de  módulos.

            El apartado 2 abre inmediatamente la posibilidad de ampliar el espectro de tipología de órganos de coordinación y deja esa posible ampliación en manos de las Administraciones educativas.

2. Las Administraciones educativas podrán establecer otros órganos de coordinación además de los señalados, con carácter general, en el apartado anterior.

            Un aspecto siempre importante y, a veces, determinante, es el perfil profesional de la persona que desempeña la jefatura de un órgano administrativo. La LOCE lo deja muy claro para nuestro objeto de estudio:

3. La Jefatura de cada departamento será desempeñada por un funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, titular de alguna de las especialidades integradas en los respectivos departamentos.

 En ausencia, en los respectivos centros, de funcionarios del cuerpo de Catedráticos mencionado en el párrafo anterior, la Jefatura de los departamentos de Coordinación Didáctica podrá atribuirse a un profesor funcionario perteneciente al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

            Esta concreción de la jefatura del departamento en la figura del Catedrático, a pesar de haber sufrido recientemente impugnación ante el Tribunal Constitucional[19] por varias instancias, resulta coherente y oportuna, puesto que, como se verá más adelante, el rasgo distintivo del recreado cuerpo de Catedráticos es justamente la de tener atribuida la función, con carácter exclusivo, del ejercicio de la Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica, rasgo que, por lo demás, no ha sido impugnado, salvo por el recurso de inconstitucionalidad núm. 1605-2003, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Sin duda alguna, el establecimiento por Ley de los Departamentos de Coordinación Didáctica obedece a la voluntad del legislador por reconocer la importancia que en la realidad del aula tiene la formación especializada en su materia del profesor que imparte la docencia, pues sólo de esta formación de especialista universitario procede el conocimiento profundo y la confianza en el rigor científico de lo que se enseña, rasgos que los alumnos captan y rasgos que enriquecen a dichos alumnos. Ahora bien, la Ley es consciente de que la realidad de los centros muestra que las asignaturas y los módulos pueden ser numerosísimos, que algunas materias y módulos presentan una aceptable afinidad y que los departamentos cumplen en verdad su función de trabajo colectivo si realmente existe un colectivo que coordinar. Probablemente por ello, el redactado legal también nos indica que dentro de un departamento puede haber más de una especialidad.

¿Cuáles pueden ser los Departamentos de Coordinación Didáctica? La LOCE no concreta este aspecto, pues claramente es materia propia de reglamento posterior. No obstante, dado que la normativa citada hace especial hincapié en las asignaturas y en las especialidades para formar un Departamento, será útil recordar las asignaturas establecidas por la LOCE para la ESO y para el Bachillerato –por no recordar las familias profesionales de la Formación Profesional-, pues esta enumeración, junto con la estructuración tradicional, puede dar abundantes pistas sobre cómo distribuir los Departamentos.

Por lo que respecta a la ESO, el artículo 23, que trata de la Organización, en su apartado 1, establece la impartición de las siguientes asignaturas:

     a. Biología y Geología.

     b. Ciencias de la Naturaleza.

     c. Cultura Clásica.

     d. Educación Física.

     e. Educación Plástica.

     f. Ética.

     g. Física y Química.

     h. Geografía e Historia.

     i. Latín.

     j. Lengua Castellana y Literatura.

     k. Lengua oficial propia y Literatura de la Comunidad Autónoma, en su caso.

     l. Lenguas extranjeras.

     m. Matemáticas.

     n. Música.

     ñ. Tecnología.

Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.[20]

            Asimismo, por lo que atañe al Bachillerato, el apartado 5 del artículo 35 establece las siguientes asignaturas comunes, que, en denominación, coinciden casi por completo, con la excepción de la Filosofía, con algunas de las establecidas para la ESO:

   a. Educación Física.

   b. Filosofía.

   c. Historia de España.

   d. Historia de la Filosofía y de la Ciencia.

   e. Lengua Castellana y Literatura.

   f. Lengua oficial propia y Literatura de la Comunidad Autónoma, en su caso.

   g. Lengua extranjera.

Asimismo, se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.[21]

A ellas hay que añadir en Bachillerato las materias de Modalidad.

Siguiendo con la normativa de establecimiento de los Departamentos, cabe señalar que el apartado 4 y último del artículo 85 establece la adaptación de lo anterior a los centros de régimen especial:

4. En los departamentos de los centros públicos en los que se impartan enseñanzas de régimen especial, se adaptará lo establecido anteriormente a sus características específicas.

 

La relevancia que toman los Departamentos de Coordinación Didáctica en la LOCE parece ir ligada a la concepción de los mismos como un factor clave de calidad, precisamente, como pregona el título de este curso, por su función de núcleos dinamizadores de los centros de secundaria. Los centros docentes han recibido en los últimos años la responsabilidad traspasada desde la sociedad civil sobre muchas iniciativas, probablemente con la mejor de las intenciones. Los profesores han visto cómo se esperaba de ellos la realización de múltiples tareas, que tradicionalmente no aparecían ligadas a la práctica docente reglada y para las que no siempre tenía preparación ni vocación. La crisis del concepto de escuela, instituto o colegio, y las dudas y la desorientación sobre su sentido en la nueva sociedad de finales del siglo XX han llevado a la búsqueda desenfrenada de una oferta nueva de servicios educativos y formativos que, de alguna manera, llenaran el hueco que, al parecer, se había creado en la percepción mental de la sociedad sobre el sentido y utilidad de la institución escolar. Sin embargo, aquello que era su rasgo distintivo, es decir, conseguir que el máximo de alumnos saliese del mundo escolar con el máximo de formación en aquellas materias que la sociedad del momento, por medio de los instrumentos políticos, legislativos y administrativos, consideraba necesarias para sus futuros ciudadanos, esto ha sido precisamente lo que ha ido perdiendo peso específico, no sólo en tiempo dedicado sino, sobre todo, en consideración social, en el conjunto de las actividades de los centros docentes. Por todo ello, sin cerrarse a la incorporación al currículo normal de algunas tareas nuevas, la voluntad del legislador orienta a los centros hacia la centralidad de los planes de estudio y, con ello, hacia las actividades pedagógicas y didácticas, incluidas las complementarias, concebidas y realizadas con talante profesional. Justamente en esta concepción hunde sus raíces la función de los departamentos de coordinación didáctica, como foco de revitalización pedagógica y didáctica hacia los propios componentes, hacia los otros departamentos y el conjunto organizativo del centro, hacia los alumnos de las asignaturas o especialidades o módulos de cada departamento y hacia el exterior del centro y sus múltiples conexiones de relación e intercambio.

Esta importancia que da el legislador a los Departamentos de Coordinación Didáctica, en lo que tienen de trabajo en equipo, de fórmula de participación, de foco de innovación y experimentación didáctica, como hábitat natural del profesor de Secundaria, se nota desde el arranque de la Ley cuando ya en el artículo 1 establece los Principios. Entre ellos figuran varios que destacan y refuerzan la función y la acción de los Departamentos, como los siguientes, que hay que valorar por su condición de principios que impregna toda la LOCE:

   d. La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio.

   h. El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de los docentes y a su promoción profesional.

   i. La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos, desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor.

   k. La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto de su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 

Continuando con este espigueo de aportaciones normativas de la LOCE en torno a los diferentes aspectos que conforman un departamento de coordinación didáctica, cabe destacar lo establecido sobre el cuerpo de catedráticos y sus funciones, puesto que ello aporta luz sobre las funciones de los departamentos.

Primero de todo cabe recordar que la disposición adicional novena, sin carácter orgánico y que no ha sido impugnada, en su apartado 1, crea los diferentes cuerpos de catedráticos. El rasgo distintivo y específico del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria es el de ocupar la jefatura de los departamentos. Según establece la disposición adicional décima, que no tiene carácter orgánico:

“Con carácter exclusivo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85.3 de la presente Ley, el ejercicio de la Jefatura de los Departamentos de Coordinación Didáctica, así como, en su caso, del Departamento de Orientación.

     Con carácter preferente:

        a. La dirección de proyectos de innovación e investigación didáctica de la propia especialidad que se realicen en el centro.

        b. La dirección de la formación en prácticas de los Profesores de nuevo ingreso que se incorporen al Departamento.

        c. La coordinación de los programas de formación continua de los Profesores que se desarrollen dentro del Departamento.

        d. La presidencia, en su caso, de los tribunales de la prueba general de Bachillerato. [...]”

La disposición citada presenta mucho interés porque, además del establecimiento obligatorio de la jefatura del departamento en la figura de un catedrático, cosa que no figuraba en las leyes anteriores y que no todos los reglamentos orgánicos de centros de las diversas Comunidades Autónomas tenían recogido, aporta también varias funciones que el catedrático detentará de forma preferente. Esas preferencias son a la vez una enumeración de funciones de los nuevos departamentos, aquello en lo que deben trabajar, aquello en lo que deben dinamizar la vida del centro docente: proyectos de innovación e investigación didáctica; la formación en las prácticas de los nuevos docentes; programas de formación continua; tribunales de la prueba general de Bachillerato. Sobre esto último, cabe recordar que el apartado 2 del artículo 37, que establece la PGB, dice, destacando de nuevo el valor de las asignaturas y, por ello, indirectamente, el de los departamentos:

2. La prueba versará, en todo caso, sobre las asignaturas comunes y específicas de las diferentes modalidades del Bachillerato.”

 

De todos modos, no son éstas las únicas funciones de los departamentos que ya adelanta la LOCE. Varias más las regula en su título IV, De la función docente, cuando en el artículo 56 establece las funciones del profesorado, de las cuales resultan especialmente pertinentes para nuestra materia, además de dignas de recordación, las siguientes:

   a. La enseñanza de las áreas, asignaturas, materias y módulos que tengan encomendados.

   b. Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los profesores y departamentos didácticos e incluidas en la programación general anual.

   c. La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad democrática.

   e. La colaboración, con los servicios o departamentos especializados en orientación, en el proceso de orientación educativa, académica y profesional de los alumnos.

   f. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.

   g. La participación en la actividad general del centro.

   h. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.”

 

Otra de las funciones de los Departamentos que con la LOCE cobra una nueva importancia es la de elección de los libros de texto. Esta competencia era tradicional en los centros docentes; sin embargo, lo que ha cambiado ahora es el grado de responsabilidad, puesto que con la Ley de Calidad la responsabilidad en la autorización sobre los libros de textos ya no recae en la autorización previa de las Administraciones educativas. El apartado 8 del artículo 68, que trata de la autonomía pedagógica de los centros, lo dice así:

8. Los equipos de profesores de los centros públicos tendrán autonomía para elegir, de entre los que se adapten al currículo normativamente establecido, los libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de usarse en cada ciclo o curso y en cada área, asignatura o módulo.

            Como puede verse, la LOCE no indica directamente a los Departamentos de Coordinación Didáctica sino, de forma más genérica, a los equipos de profesores. Ahora bien, ese mandato afecta tanto a los profesores de primaria como a los de secundaria, y en esta etapa se imparten asignaturas o módulos y los profesores que lo hacen se agrupan en departamentos para organizar su enseñanza. Significativamente, el citado Real Decreto 831/2003, de 27 de junio,  sobre la ESO, concreta mucho más el mandato al establecer en su artículo 16.3 lo siguiente:

3. Los órganos de coordinación didáctica de los centros docentes públicos tendrán autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de usarse en cada curso y en cada asignatura de esta etapa educativa, siempre que se adapte al currículo normativamente establecido”.

Dentro de este capítulo de la autonomía de los centros hay otros aspectos recogidos por la Ley que también afectan a los Departamentos, con lo que, poco a poco, se va viendo cómo el legislador ha ido definiendo, bastante más de lo que en una primera impresión puede percibirse, el contenido de los Departamentos. De entrada, el artículo 67 establece solemnemente la autonomía de los centros en una triple vertiente: pedagógica, organizativa y económica:

1. Los centros docentes dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica para favorecer la mejora continua de la educación. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán esta autonomía y estimularán el trabajo en equipo de los profesores.

            Posteriormente, el citado artículo 68, uno de los más importantes de la LOCE en lo que atañe a los Departamentos, aunque no tenga carácter de orgánico, perfila la autonomía pedagógica de la siguiente manera:

1. La autonomía pedagógica, con carácter general, se concretará mediante las programaciones didácticas, planes de acción tutorial y planes de orientación académica y profesional y, en todo caso, mediante proyectos educativos.”

Sin duda alguna, la responsabilidad de las programaciones didácticas corresponde en Secundaria a los Departamentos de Coordinación Didáctica. Los apartados 6 y 7 del mismo artículo insisten en la misma idea y la hacen más evidente:

6. Los centros docentes desarrollarán los currículos establecidos por las Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas.

7. Las programaciones didácticas son los instrumentos de planificación curricular específicos para cada una de las áreas, asignaturas o módulos.[22]

 

            Como se ha visto, la formación del profesorado es una de las funciones del Departamento y puede afirmarse que es una tarea importante dada la relevancia que la formación del profesorado cobra en esta Ley de Calidad. No en vano ni por casualidad, dentro del Título IV, el Capítulo I está íntegramente dedicado a “De la formación del profesorado”, con tres amplios artículos –el 57, 58 y 59- que abordan diferentes aspectos de la misma. El primero de ellos, artículo 57. Principios, hace referencia a la actualización de los conocimientos y métodos de los profesores:

1. Las Administraciones educativas promoverán la actualización y la mejora continua de la cualificación profesional de los profesores y la adecuación de sus conocimientos y métodos a la evolución de la ciencia y de las didácticas específicas.

            Esta formación debe abarcar asimismo aspectos organizativos y, entre ellos, los de coordinación didáctica, que, aun siendo un concepto más amplio, engloba también la acción de los Departamentos. En cualquier caso, expresa la voluntad del legislador respecto a la profesionalización de los diferentes ámbitos de la gestión de los centros docentes, profesionalización que, en cualquier caso, debería alcanzar a los responsables de los distintos órganos de dirección y coordinación:

2. Los programas de formación permanente del profesorado deberán contemplar las necesidades específicas relacionadas con la organización y dirección de los centros, la coordinación didáctica, la orientación y tutoría, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros.

No se debe olvidar que la LOCE destaca no solamente la formación del profesorado sino también la participación del profesorado en la planificación de esa formación, con lo que se da de nuevo entrada a la acción de los Departamentos. Véase, en ese sentido, lo establecido por el apartado 4 del artículo 59, que trata de la Formación permanente:

4. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos que permitan la participación del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos en los planes de formación, así como en los programas de investigación e innovación.

            Además de lo anterior, la LOCE potencia la función formativa de los Departamentos en las prácticas docentes del profesorado recién incorporado al sistema educativo. Por un lado, el artículo 58, que, en su apartado 1, establece la necesidad de poseer un título profesional de Especialización Didáctica para impartir enseñanzas de Secundaria, FP de grado superior y régimen especial, en su apartado 2 establece:

2. El título de Especialización Didáctica se obtendrá tras la superación de un período académico y otro de prácticas docentes.

            Por otro lado, la disposición adicional undécima, que aborda la Carrera docente, en la segunda frase del segundo párrafo de su apartado 1, después de diseñar las características del concurso-oposición como sistema de acceso a la función publica docente, establece que “asimismo, existirá una fase de prácticas, que podrá incluir cursos de formación, y constituirá parte del proceso selectivo”.  Una y otra cita sobre esa fase de prácticas dentro de los propios centros de secundaria nos lleva a recordar de nuevo una de las funciones de los catedráticos que, como se decía anteriormente, es, a la vez, una función de los Departamentos. Esa función, tal como la establece la disposición adicional décima 4.b), es la siguiente: “La dirección de la formación en prácticas de los Profesores de nuevo ingreso que se incorporen al Departamento”. Ocioso es decir que para llevar esa dirección, el Jefe del Departamento debe tener la preparación pertinente.

 

Existen otros aspectos de la vida de los centros docentes que afectan especialmente a los Departamentos de Coordinación Didáctica, y, entre ellos, la LOCE destaca

1)     La evaluación de los alumnos

2)     La intervención específica en el Claustro de Profesores

3)     Los planes de valoración de la labor docente

4)     El reconocimiento de la labor del profesorado

5)     La evaluación de los centros

6)     La opción por la especialización curricular

7)     La cooperación territorial

 

            Respecto a la evaluación de los alumnos de secundaria, el artículo 28, que trata de la Evaluación en la ESO, establece:

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas asignaturas del currículo.

2. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo para cada curso.

            En el texto citado vuelve a plasmarse la importancia de la asignatura y cabe recordar que la concreción de los criterios generales establecidos por los correspondientes Reales Decretos estatales y Decretos autonómicos corresponde, sobre todo, a los Departamentos de Coordinación Didáctica.

            La intervención específica de los Departamentos en el Claustro de Profesores –y, a través de él, en el Consejo Escolar- se deriva de algunas de las atribuciones que la LOCE asigna al mismo en el artículo 84, que trata las Atribuciones del Claustro de profesores:

a) Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general anual, así como evaluar su aplicación.

b) Formular propuestas al Consejo Escolar para la elaboración del proyecto educativo e informar, antes de su aprobación, de los aspectos relativos a la organización y planificación docente.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

f) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos.

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de la evaluación del centro que realice la Administración educativa, así como cualquier otro informe referente a la marcha del mismo.

Como se deduce de la enumeración anterior, el Claustro de Profesores, un órgano de participación revitalizado por la LOCE, se conforma como órgano de función eminentemente pedagógica. Sus fuentes de información y de propuestas y sus agentes en la aplicación de sus proyectos y programaciones son, sin duda alguna, los subconjuntos del mismo, como los Departamentos, sin perjuicio de las aportaciones de otros órganos de coordinación didáctica.

            Otro aspecto importante para la participación de los Departamentos lo constituyen los planes de valoración de la labor de los profesores. El artículo 60 desarrolla esos planes de la siguiente manera:

1. Con el fin de mejorar la labor docente de los profesores, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán planes para la valoración de la función pública docente, con la participación del profesorado.

2..

Asimismo, prestarán una atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a la mejora de las condiciones en que realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.

En este redactado cabe resaltar, del apartado 1, la participación del profesorado en la elaboración de los planes, y, teniendo en cuenta que se valora la labor docente y que ésta se organiza en torno a las asignaturas, puede deducirse que los Departamentos son la vía más lógica para esa participación. Por otra parte, en la valoración se contarán, además, como dice el apartado 2, “las actividades de formación, investigación e innovación”, las cuales, como se ha tratado con anterioridad, van estrechamente ligadas a los Departamentos.

En la misma línea de reconocimiento institucional al profesorado por su preparación y dedicación, el artículo 62, Medidas de apoyo al profesorado, establece el compromiso de las Administraciones educativas para favorecer:

   c. El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales que se determinen.

   d. La realización de actuaciones destinadas a premiar la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado en su ejercicio profesional.

Estos valores que se reconocen, entre ellos “la implantación de planes que supongan innovación educativa” y “la excelencia y el especial esfuerzo del profesorado en su ejercicio profesional”, encuentran su marco natural de desarrollo en el seno de los Departamentos y, consecuentemente, son ellos las fuentes fiables de información y valoración cuando se proceda al reconocimiento institucional de la labor de algún  profesor.

Las evaluaciones de diagnóstico y de los centros recaen, según parece lógico y de forma no pequeña, en su aplicación y en sus consecuencias, en los Departamentos de Coordinación Didáctica. Las evaluaciones de diagnóstico, que la LOCE establece en el artículo 97 para la Primaria y para la ESO -y que han sido recogidas en los respectivos Reales Decretos, el 830/2003 y el 831/2003-, serán “evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas y asignaturas” y “versarán sobre competencias básicas”, es decir, que en Secundaria versarán sobre la acción específica de los Departamentos, las asignaturas. Del mismo modo, la LOCE establece “otros planes de evaluación” en su artículo 101, el cual, en su apartado 2 establece:

2. Los órganos de gobierno y los órganos de participación en el control y gestión así como los distintos sectores de la comunidad educativa colaborarán en la evaluación externa de los centros.”

Obviamente, en la cita no se habla de forma directa de los Departamentos, pero, sin duda, quedan englobados entre “los distintos sectores de la comunidad educativa”. Menos indirectamente, en el mismo artículo, en su apartado 3, se dice que la evaluación[23]

 se efectuará sobre los procesos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje.”

La relevancia de los Departamentos se hace todavía mayor cuando se trata de convertir el centro docente en un centro con especialización curricular, una de las grandes aportaciones de la LOCE, en línea con lo que, desde hace unos años y con éxito de participación y de resultados, se extiende por Inglaterra. El artículo 66, que en sus cinco apartados regula la nueva figura administrativa, establece en el apartado 1:

1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía pedagógica y de organización establecidas en la presente Ley, y de acuerdo con el procedimiento que establezcan las Administraciones educativas, podrán ofrecer proyectos educativos que refuercen y amplíen determinados aspectos del currículo referidos a los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

La enumeración final de este apartado casi es, simultáneamente, una enumeración de Departamentos según el criterio de asignatura y de especialidades afines. Todo este aspecto queda también explícitamente recogido en el apartado 4 del artículo 16 del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, sobre la ESO. En cualquier caso, la especialización curricular se liga en gran parte a la iniciativa y al apoyo de uno o unos determinados Departamentos para recoger el guante del reto profesional que supone comprometerse con la especialización. La labor de mentalización, discusión y valoración, elaboración de planes y proyectos, delimitación de objetivos y necesidades, y un largo etcétera de gestiones internas, recae, sobre todo y en particular, en los Departamentos, sobre todo de los protagonistas de la especialización, sin menospreciar la iniciativa del equipo directivo, del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar, y de la Coordinación Pedagógica en general.

Finalmente, otro aspecto no menor en la Ley radica en los programas de cooperación territorial, establecidos en el artículo 6, en los que la iniciativa de los diferentes Departamentos será determinante para que los centros emprendan estos planes:

1. El Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá programas de cooperación territorial orientados a objetivos educativos de interés general. Estos programas tendrán como finalidad, según sus diversas modalidades, favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de España por parte de todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad interterritorial.

 

Sobre los Departamentos de Coordinación Didáctica en los centros docentes privados concertados, la LOCE no establece nada específico. Como hemos visto, toda la normativa se presenta como de aplicación a los centros públicos. Ahora bien, dentro del amplio margen de organización y funcionamiento que esta Ley Orgánica y las anteriores Leyes Orgánicas, no derogadas en este aspecto, conceden a los centros concertados, éstos, por analogía, pueden acogerse a la figura de los Departamentos, como en la práctica es opción habitual desde hace años. Excluyendo los elementos del régimen funcionarial del profesorado del sector público, la inmensa mayoría de las consideraciones sobre la LOCE y los Departamentos resulta aplicable por igual a la gestión de los centros docentes concertados e, incluso, privados puros.

 

Como resumen de este segundo apartado, podríamos destacar las siguientes ideas:

1.      La LOCE ofrece una opción axial por los DCD considerados factor clave de calidad y de dinamización.

2.      Los DCD quedan regulados por Ley por vez primera y con amplitud en su artículo 85.

3.      Además, desperdigado, existe un amplio corpus conceptual sobre los DCD.

4.      Se regulan, más o menos explícitamente, las funciones, la metodología, la autonomía, el trabajo en equipo, la jefatura y otros aspectos.

 

 

 

3. Los Departamentos de Coordinación Didáctica y su futuro normativo tras la Ley de Calidad

 

            La LOCE ha venido a dar, como se ha visto, un decidido impulso normativo a los Departamentos de Coordinación Didáctica. Ahora bien, la LOCE es una parte de la legislación básica cuya competencia pertenece al Estado y, por consiguiente, no puede ir demasiado lejos en la concreción del modelo aplicable. Esta concreción es competencia de las Administraciones educativas, especialmente de las 17 Comunidades Autonómicas, y son ellas las que deberán elaborar y publicar los correspondientes Decretos de Reglamentos Orgánicos que adapten los centros a la nueva Ley y, en su caso, a los nuevos Reales Decretos que en los últimos tiempos está elaborando y publicando el Gobierno Central. 

            Los 18 probables Reglamentos Orgánicos deberán tener, por lo que atañe a los Departamentos,  muchos elementos comunes, puesto que parten de una misma normativa básica, educativa y funcionarial, pero, al mismo tiempo, el desarrollo de la misma y su adecuación a la voluntad legisladora de la fuerza política gobernante en cada Administración educativa presentarán amplias diferencias.

 Estas diferencias ya existían con los anteriores ROIES y podrían incrementarse en los futuros. Las razones de estas diferencias son varias: diferente opción política gobernante, diferente tradición organizativa y pedagógica, voluntad de diferenciarse. Las diferentes concreciones pueden afectar, por ejemplo, a las competencias de los Departamentos; a su lugar en el organigrama del IES; al reparto de funciones con órganos como el Claustro de Profesores e, incluso, del Consejo Escolar, o con los otros órganos de coordinación didáctica; a la composición de la especialidad o especialidades de cada Departamento; al número y al nombre de los Departamentos, lo cual, al igual que lo anterior, tiene una importancia de primer orden y no es nada inocente; a la posibilidad o no de Departamentos unipersonales; a ciertos rasgos del procedimiento de designación del Jefe de Departamento; a la reducción horaria por ejercicio de la jefatura del Departamento; al reconocimiento económico por dicha jefatura, más allá de los mínimos comunes establecidos en los presupuestos generales del Estado; a los efectos administrativos del ejercicio de la jefatura de Departamento, en cuanto a reconocimiento en el baremo de concursos, evaluaciones, traslados, acceso a la Inspección, etc.; a los sistemas de evaluación y, en su caso, de autoevaluación, de la tarea de los Departamentos y de cada uno de sus componentes... Son muchas, pues, y grandes las posibilidades de diferenciación en los desarrollos normativos de las 18 Administraciones educativas con competencias para hacerlo.

Estas diferencias, por separado, pueden ser todas ellas legítimas, pues cada Administración educativa, en el uso de sus competencias plenas, publica su propio desarrollo y su propia interpretación.

Ahora bien, dada la complejidad de intereses en juego, nadie duda tampoco que se necesita un cierto grado de armonización en los desarrollos normativos. Por poner un ejemplo, fijémonos en la composición de la especialidad o especialidades de cada Departamento, en el número y en la denominación de los mismos; podría parecer una cuestión baladí, pero no lo es en absoluto. Las especialidades de cada Departamento afectan a los profesores que se asignan al mismo, y, por tanto, a sus expectativas, a su labor profesional, a sus posibilidades de traslado. Lo mismo pasa con el número de Departamentos y con su denominación, pues ello tiene consecuencias en el tipo de plazas que habrá en cada IES y en las posibles vacantes para traslado, en un sistema educativo único, en el que el funcionariado está asignado a la Administración autonómica pero con mantenimiento de derechos para trasladarse a otras Comunidades; esta cuestión se agranda con la existencia de varios Cuerpos de profesores en los IES, cuyas plazas deberán ser previstas y en la previsión contará sin duda la composición de especialidades, el número y la denominación de los Departamentos, especialmente por lo que respecta a los profesores del Cuerpo de Catedráticos, cuyo rasgo distintivo y fundacional es precisamente el de ser jefe de su Departamento. Repitámoslo: nada es inocente en este asunto y la concreción por la que se opte tendrá consecuencias profesionales, pedagógicas y personales bien evidentes.

A título orientativo de lo que puede producirse, se comentará someramente el caso del borrador de ROGIES de Cataluña, aparecido a mediados de julio del 2003, enviado a los IES y presente en diversas páginas web. El preámbulo cita variada normativa estatal y autonómica en la que se hace hincapié en la autonomía de los centros y se propone ampliar el grado de autonomía de forma que la estructura de gestión se conforme a la especificidad de su oferta formativa. Insiste en que el ROGIES busca que la gestión de los institutos y sus cambios “no tengan que depender en todo momento de disposiciones uniformadoras y específicas”. La extensión de la autonomía alcanza a “los recursos para el sostenimiento de su estructura de gestión con un grado de autonomía más elevado que el que se prevé con carácter general”.

En el Capítulo 1 el ROGIES, además de regular los órganos de participación en el control y gestión, los órganos de gobierno y sus funciones, en la sección IV regula los órganos de coordinación y sus funciones, y en la sección V, la estructura de gestión del instituto y el ejercicio de los cargos correspondientes a sus órganos de gobierno y unipersonales de coordinación. Entre los cinco tipos de órganos de coordinación, figuran –artículo 20- los Departamentos de Coordinación Didáctica y sus respectivos Jefes. Se establece que “la existencia efectiva en los institutos de estos órganos unipersonales de coordinación requiere su creación explícita” por parte del Consejo Escolar, a propuesta del Director y con informe previo del Claustro y, en concreto, “la creación y denominación específica de cada uno de los Departamentos de coordinación didáctica del instituto de acuerdo con los recursos disponibles para el instituto para el sostenimiento de su estructura de gestión”. El Consejo Escolar decide también la supresión de los Departamentos y ello “comporta el cese como Jefe de Departamento de coordinación didáctica del profesor o profesora que ocupa el cargo”. En el borrador cobran gran relevancia el Equipo docente de grupo, la Junta de evaluación y el profesor Tutor. El Departamento de Coordinación Didáctica queda ampliamente regulado en el artículo 26: órgano que asume la enseñanza de asignaturas y módulos asignados, dependiente funcionalmente del Jefe de Estudios y del Jefe Pedagógico, las diferentes competencias del Departamento.

La figura y funciones del Jefe de Departamento se establecen en el artículo 27: su dependencia jerárquica del Jefe Pedagógico, sus competencias de dirigir y coordinar, convocar y presidir las reuniones, elaborar la propuesta de programación general de actividades del Departamento, asignar a los profesores las asignaturas y módulos, resolver las reclamaciones de los alumnos, fomentar la innovación y la investigación educativas y la formación permanente, coordinar los criterios didácticos, evaluar los resultados obtenidos por los alumnos, mantener el inventario de bienes y velar por el mantenimiento de los equipamientos del Departamento.

El Capítulo 2 establece la asignación de recursos a los centros de acuerdo con dos modalidades en función del grado de autonomía –la general y la singular. El artículo 38 establece el número máximo –sin concretar- de órganos unipersonales de coordinación, y, se establece que “el número de Departamentos de coordinación didáctica es como máximo el que corresponde al número de especialidades diferentes que resulten de la calificación de los puestos de trabajo docente del instituto”, atendiendo a las especialidades de las familias profesionales.

En todo caso, el borrador plantea en vivo la dicotomía entre, por un lado,  la autonomía del centro, canalizada a través del Consejo Escolar, que así recobra competencias perdidas con la LOCE, que puede establecer los Departamentos que considere oportunos, y, por otro, la necesidad de unificar criterios de organización por razones de distribución del profesorado, de sus cuerpos docentes, de sus plazas y vacantes.

Dada la situación, no resultaría imprudente proponer un cierto consenso en la concreción normativa de los Departamentos, que aúne el respeto a la legítima autonomía de cada Administración educativa e, incluso, de cada centro, con el respeto a los intereses generales de los ciudadanos y del profesorado a recibir una atención y un trato equivalente sea el que sea el centro docente en que se encuentren.

Como ha sido práctica habitual hasta el presente, las normativas de organización y funcionamiento de los centros que se publican por parte de las distintas Administraciones educativas al inicio de cada curso irán introduciendo diversas concreciones también sobre los departamentos de coordinación didáctica, concreciones que alcanzan extremos de detalles a los que por lo general no llegan los ROIES. De estas concreciones cabe realizar el mismo tipo de comentarios sobre su legitimidad y, simultáneamente, sobre la necesidad de armonización estatal y autonómica que se hacían poco antes al hablar de los futuros Reglamentos Orgánicos.  

            Yendo un poco más allá en las posibles concreciones habría que abordar la aplicación de la normativa que realicen los propios centros. De nuevo cabe hablar de la legitimidad de la autonomía de los centros para dotarse del tipo de organización y de los órganos de coordinación que consideren más adecuados para su proyecto educativo de centro. Al mismo tiempo habrá que considerar las posibles desviaciones que se pueden producir en caso de que los colectivos mayoritarios opten por reducir a la mínima expresión la función y existencia de los departamentos por razones ideológicas o pedagógicas, o de relaciones entre los diversos cuerpos de Secundaria y la futura situación problemática de las plazas de plantilla. Por todo ello, una vez más, conviene hacer una llamada a las diferentes Administraciones para que, con visión de Estado, en beneficio de sus ciudadanos y de sus funcionarios, negocien un desarrollo normativo y una aplicación del mismo que tengan en cuenta los diferentes intereses legítimos y legales en juego.


4. Conclusión

 

            La importancia de los Departamentos como factor de calidad y de dinamización de la actividad pedagógica y didáctica de los centros resulta de claridad meridiana. La Historia y la LOCE han aportado pautas claras de concepción y realización de los mismos. No obstante, por el principio de autonomía, de las CCAA y de los centros, existe la posibilidad de amplias diferencias en los desarrollos normativos.

Ahora bien, las medidas que puedan acordar las Administraciones educativas no están fijadas inexorablemente. Pueden ser unas y pueden ser otras bien diferentes, y esto tanto en caso de que decidan ponerse en una mesa para llegar a acuerdos consensuados como en caso de actuar por separado. Por todo ello, resulta necesaria la intervención activa de las personas y de las entidades que pueden aportar propuestas e ideas teóricas y concretas de cómo actuar. Entra aquí la labor de las asociaciones profesionales de profesores, tanto de especialidad como de cuerpo, que deben tener un conocimiento y una experiencia privilegiados de lo que conviene a sus representados. Entran aquí, también, los resultados de las reflexiones de los asistentes y ponentes en cursos de formación sobre departamentos didácticos y otras formas de coordinación y de gestión de los centros docentes. Y, por supuesto, entra aquí la acción multiplicadora de los presentes, que a lo largo de esta semana están tomando parte en un curso en el que abordan a fondo diferentes aspectos de la acción de los departamentos de coordinación didáctica en un inmediato futuro: parte fundamental en la gestión de los centros docentes, elementos de innovación y experimentación del enfoque didáctico centrado en cada alumno, agentes impulsores de las nuevas tecnologías en el aula y en su funcionamiento interno, órgano de participación activa y convencida de cada uno de los profesores, ámbito natural de la autoevaluación de proyectos, realizaciones y resultados de los alumnos, de los profesores adscritos y del propio órgano colectivo, etc.

            Los Departamentos son un órgano colegiado dentro de la estructura de gestión de los centros docentes de Secundaria que encierra una gran complejidad de concepción y de realización, además de una gran potencialidad en sus efectos, en su desarrollo normativo y en cada centro, por lo que conviene perfilarlos con ideas, experiencias, iniciativas y normas bien asentadas, abiertas a concepciones del Departamento tomadas de la empresa, como ya se encuentran en algunas CCAA. Los Departamentos requieren una implicación profesional de cada miembro en la labor colectiva, nada rutinaria ni burocratizada, totalmente creativa y revitalizadora.

Espero que esta conferencia haya servido para dejar fundamentado en la mente de todos los presentes el marco jurídico que desde su creación han ido teniendo, sucesivamente, los Seminarios, los Departamentos Didácticos y los Departamentos de Coordinación Didáctica, y también para decidirse a involucrarse en el diseño de unos Departamentos adaptados a la nueva realidad social y educativa.

            Muchas gracias a todos por su atención.

 

Segovia, martes, 9 de septiembre de 2003.

 

           

 

 

 



[1] Lengua Española y Literatura, Latín, Griego, Lengua Francesa, Lengua Inglesa, Dibujo, Geografía e Historia, Filosofía, Matemáticas, Ciencias Naturales, Física y Química; Formación Religiosa, Formación Política, Social y Económica, Educación Física y Deportiva.

[2] LEY ORGÁNICA 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE de 22.12.1979 y DOGC de 31.12.1979).

[3] LEY ORGÁNICA 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País Vasco (BOE de 22.12.1979)

[4]Dos. En todo caso, y por su propia naturaleza corresponde al Estado:

a)       La ordenación general del sistema educativo.

b)      La fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.

c)       La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30 de la Constitución, le corresponde para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Poderes públicos.”

 

[5]2. En todo caso, y por su propia naturaleza corresponde al Estado:

a)        La ordenación general del sistema educativo.

b)      La programación general de la enseñanza en los términos establecidos en el artículo 27 de la presente Ley [LODE].

c)       La fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.

d)       La alta inspección y demás facultades que, conforme al artículo 149.1.30 de la Constitución, le corresponde para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Poderes públicos.”

[6] LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4.7.1985). Disposición derogatoria 1: “Queda derogada la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares

[7] LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4.10.1990)

[8] LEY ORGÁNICA 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (BOE de 21.11.1995)

[9] REAL DECRETO 929/1993, de 18 de junio, por el que  aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. (BOE de 13.7.1993).   

 

[10] Actualmente las familias profesionales, entre los dos ciclos, medio y superior, que existen son las 21 siguientes: Actividades agrarias, Actividades físicas y deportivas, Actividades marítimopesqueras, Administración, Artes gráficas, Comercio y márketing, Comunicación, imagen y sonido, Edificación y obra civil, Electricidad y electrotécnica, Fabricación mecánica, Madera y mueble, Hostelería y turismo, Imagen personal, Industrias alimentarias, Informática, Mantenimiento y servicios a la producción, Química, Sanidad, Servicios socioculturales a la comunidad, Textil, confección y piel, Vidrio y cerámica.

[11] REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOE de 21.2.1996):

 

[12] Departamento de Lenguas (Lengua y Literatura Catalanas, Lengua y Literatura Españolas, Idiomas extranjeros, Latín, Griego); Departamento Antropológico-social (Geografía e Historia, Formación Humanística, Filosofía, Ética, educación Física, Música, Religión); Departamento de Ciencias (Matemáticas, Física y Química, Ciencias Naturales); Departamento Tecnológico de Servicios (profesiones y especialidades del sector terciario); Departamento Tecnológico Industrial (profesiones y especialidades del sector secundario).

[13] El artículo 44.3 del Decreto 199/1996, de 12 de junio, establece estos diez departamentos: Ciencias sociales, Lengua catalana y literatura, Lengua castellana y literatura, Lenguas extranjeras, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Educación Visual y Plástica, Educación Física, Música y Tecnología.

[14] El Reglamento Orgánico andaluz establece, para los centros que solamente impartan ESO, once departamentos –Lengua Castellana y Literatura, Cultura Clásica, Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Visual, Música, Inglés, Francés, Educación Física y Deportiva y Tecnología. En los centros en que se imparta también Secundaria Postobligatoria los departamentos serán: Dibujo y Artes Plásticas, Música, Biología y Geología, Educación Física y Deportiva, Filosofía, Física y Química, Geografía e Historia, Latín, Griego, Francés, Inglés, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Tecnología y Formación y Orientación Laboral. En los centros con Formación Profesional específica, departamentos de familia profesional.

[15] El Reglamento Orgánico valenciano establece los siguientes departamentos: Artes Plásticas, Ciencias Naturales, Educación Física y Deportiva, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e Historia, Griego, Inglés, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Música, Tecnología, Valenciano y Religión. Además, en los centros con Formación Profesional específica, un departamento didáctica por cada familia profesional.

[16] El ROIES balear establece que podrán constituirse los siguientes departamentos: Dibujo y Educación Visual y Plástica, Música, Biología y Geología, Educación Física y Deportiva, Filosofía, Física y Química, Lenguas Extranjeras, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Lenguas y Culturas Clásicas, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Catalana y Literatura, Matemáticas, Tecnología, Formación y Orientación Laboral. En los institutos con Formación Profesional específica se constituirán departamentos de familia profesional.

[17] En Asturias los Departamentos serán tres: de ámbito científico-tecnológico, de ámbito socio-lingüístico y de ámbito de expresión artístico-corporal.

[18] Artículo 78.1.b) y 81-84 de la LOCE.

[19] El apartado 3 del artículo 85 de la LOCE ha sido incorporado en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos, por ejemplo, por el Parlamento de Cataluña (Resolución 1784/VI, de 13 de marzo de 2003), por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (Recurso de inconstitucionalidad núm. 1661-2003), por el Gobierno de Aragón (Recurso de inconstitucionalidad núm. 1601-2003) y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Recurso de inconstitucionalidad núm. 1663-2003).

[20] El mismo listado de asignaturas figura en el artículo 6 del REAL DECRETO 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 3.7.2003)

[21] Idéntico listado de asignaturas figura en el REAL DECRETO 832/2003, de 27 de junio, por el se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes del Bachillerato (BOE de 4.7.2003)

[22] Esta misma concepción queda recogida, y casi con los mismos términos, por el artículo 16 del Real Decreto 831/2003, de 27de junio, sobre la ESO, en su apartado 2.

[23] Para la Primaria, el Real Decreto 830/2003, de 27 de junio,  establece las evaluaciones de diagnóstico en la disposición adicional cuarta. Para la ESO, las establece la disposición adicional quinta del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio.